imagen de referencia. Archivo
¿Tiene información sobre personas de El Salvador, Guatemala y Honduras que hayan usado el sistema financiero de Estados Unidos para mover o blanquear dinero producto de actividades criminales? Si es así, por favor contáctenos, dijo el viernes la fiscalía estadounidense.
El gobierno de Joe Biden anunció la creación de una línea directa para comunicar denuncias de corrupción en esos tres países, cuyo combate considera clave para abordar las causas de la migración irregular de Centroamérica a Estados Unidos.
La corrupción y la impunidad en la región debilitan la democracia, incentivan la migración, y representan una amenaza a la seguridad nacional". Kenneth Polite, vicefiscal general de la División Penal del Departamento de Justicia, al presentar la iniciativa.
Los posibles actos de corrupción o movimientos de capitales mal habidos podrán reportarse al FBI a la dirección de correo electrónico 'combatiendocorrupcion@fbi.gov', tanto en inglés como en español, explicó.
La información será luego examinada por la Fuerza de Tarea de Anticorrupción del Triángulo del Norte, lanzada en junio por la fiscalía estadounidense en el marco del trabajo encomendado por Biden a la vicepresidenta Kamala Harris para atender la afluencia creciente de indocumentados a la frontera sur estadounidense.
Este grupo deberá determinar si existe un vínculo jurisdiccional con Estados Unidos para así poder investigar, procesar y, eventualmente, decomisar y devolver los activos robados a los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, según un comunicado.
Agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la agencia antidrogas DEA y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) apoyan estos esfuerzos, que buscan enjuiciar en tribunales estadounidenses a extranjeros responsables de actos corruptos.
Las llegadas de migrantes a la frontera de Estados Unidos con México disminuyeron durante la fase inicial de la pandemia de covid-19, en la primera parte de 2020, pero comenzaron a repuntar hacia final del año.
Más de 1,3 millones fueron detenidos en la frontera sur estadounidense desde la llegada de Biden a la Casa Blanca en enero, un nivel no visto en 20 años. De ellas, unas 596.000 provenían de El Salvador, Guatemala y Honduras.